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Red de Corrupción documentada en Fraude a CFE

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MÉXICO._ El fraude contra la Comisión Federal de Electricidad se extiende a por lo menos cinco estados del País e involucra a más de 100 personas que son investigadas en 120 averiguaciones previas que integra la PGR.
Funcionarios del Gobierno revelaron también que entre los delitos que se investigan se encuentran los cometidos contra la administración de justicia, falsedad en declaraciones, uso de documentos falsos, encubrimiento, uso indebido de atribuciones y facultades, y cohecho.

El 22 de noviembre, en una conferencia conjunta entre PGR, CFE y la Secretaría de la Función Pública, revelaron que magistrados, jueces y secretarios de acuerdos, peritos y funcionarios de la paraestatal le habían causado un daño patrimonial por más de mil 320 millones de pesos, por el pago irregular de indemnizaciones por servidumbre de paso, en 232 juicios.
En esa ocasión sólo se precisó que eran 61 personas investigadas: 22 de CFE, 18 jueces locales y 21 peritos independientes, de los cuales sólo contra tres ubicados en Sinaloa ya se había iniciado el proceso penal.

Sin embargo, 24 HORAS confirmó que el número de personas a las que se investiga supera las 100 y que incluye a los dueños de los terrenos que fueron indemnizados por la CFE, empleados de la paraestatal, abogados litigantes que fungieron como sus representantes, jueces y peritos certificados por las autoridades, todos de cinco estados del País: Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Chiapas, que son las mismas entidades en las que hasta ahora indaga la PGR.

La mecánica fue sencilla: algunos abogados del departamento jurídico de la CFE detectaron que podrían inflarse las indemnizaciones sin que pudiera detectarse de forma inmediata. De acuerdo con los expedientes que integra la PGR, los funcionarios contactaron a litigantes independientes para que representaran a los dueños de terrenos «afectados» por las obras de tendido eléctrico.
En algunos casos los peritos que se contrataron sostuvieron en sus dictámenes que los terrenos de particulares habían sido afectados, a pesar de que su estudio topográfico era falso, ya que no correspondía con la dimensión original del terreno y, en varios casos, las propiedades supuestamente afectadas eran federales.
Otro de los métodos aplicados fue que los peritos determinaron un valor de afectación hasta cinco veces mayor al valor real del terreno.

En todos los casos, se inició un juicio para demandar a la CFE por el pago justo de indemnización por servidumbres de paso. A jueces o, en su caso secretarios de acuerdos, se les ofreció dinero para tener una resolución favorable al particular.
El trabajo de abogados de la CFE fue no ofrecer pruebas para impedir los cobros excesivos, ni siquiera ofrecieron peritajes o registros públicos de propiedad para determinar el valor de los terrenos.

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