El pasado miércoles el gobierno federal representado por el embajador de México en Japón, Claude Heller, suscribió ante el gobierno de ese país, el Acuerdo Comercial contra la Falsificación, conocido por sus siglas en inglés como ACTA.
Tan solo una semana antes, el Parlamento Europeo (PE) le había dado la espalda -con amplia mayoría- calificándolo como una solución equivocada para proteger la propiedad intelectual, luego de un intenso debate con la sociedad civil europea, organizaciones empresariales y otros interesados, y, de que 2.8 millones de ciudadanos europeos firmaron una petición en ese sentido, manifestando sus temores de que se afectaran las libertades de los usuarios de internet.

Pese a su firma, el ACTA no puede aplicarse aún en nuestro país, ya que previamente deberá someterse al Senado de la República para su ratificación, estimándose que ello pueda darse una vez instalada la legislatura que inicia funciones el próximo 1 de septiembre.

La suscripción del ACTA por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón, sorprendió no solo por la falta de difusión y de debate público sobre el tema, sino también porque previamente tanto la COFETEL como el Senado de la República habían expresado su rechazo al acuerdo.

El Senado lo hizo en una recomendación que dictó el 20 de junio de 2011; algunas de las sus razones fueron: violaciones, en su proceso de negociación a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; confrontación con otras disposiciones jurídicas vigentes, incluyendo garantías individuales; ambigüedad de su redacción que generaría inseguridad jurídica a los gobernados; posibles limitaciones al acceso universal a internet que ampliaría la brecha digital en México; posibles censuras a los contenidos de la red que limitarían el libre funcionamiento y neutralidad que la caracterizan.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en documento emitido el 24 de noviembre de 2010, expresó que:

1.- México muestra una posición diferente en cuanto a los niveles de penetración y de acceso de servicios de internet que la mayoría de los países que se encuentran negociando el Acuerdo, por lo que la imposición de medidas restrictivas en el uso de internet podrían disminuir el ritmo de crecimiento de los usuarios.

2.- El despliegue de infraestructura de acceso a Internet es parte fundamental para la inserción de los países en la sociedad de la información y del conocimiento, así como en la economía digital, por lo que se debe ser cuidadoso de no introducir medidas que puedan desalentar el uso de la red.
3.- La información sobre el suscriptor que presuntamente está violando algún derecho de propiedad intelectual debe ser entregada únicamente a la autoridad facultada, de tal manera que se salvaguarden los datos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

4.- La COFETEL considera que la aplicación de este acuerdo podría impactar negativamente las tasas de penetración y la evolución general de la industria de internet nacional, comprometiendo el objetivo de la presente administración de reducir la brecha digital.

Por su parte, el gobierno federal expresó al dar a conocer la firma del ACTA, que su propósito es el de combatir de manera más eficiente el problema de la falsificación y piratería de marcas, inversiones, obras intelectuales y artísticas, sin vulnerar derechos humanos reconocidos por la Constitución ni tratados internacionales de los que México es parte y surge, precisamente, en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.

Quienes se oponen al ACTA, exigen que México retire del acuerdo firmado en Japón la redacción de su artículo 27°, que en su apartado 4 dispone que: El país firmante, podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea (ISP) que divulgue de forma expedita al titular de los derechos de autor información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción.

Consideran que con dicha redacción se permitiría que, sólo por compartir las páginas con amigos, tu proveedor de Internet podrá otorgar tus datos personales al titular de los derechos de autor si así lo exige, convirtiéndolos además en las autoridades que vigilen el contenido compartido en Internet.

ACTA representa en México -y en muchos otros países- dudas, temores, desconfianza, opacidad, intereses comerciales, confrontación de derechos de propiedad intelectual con derechos a la información, a la privacidad y el uso libre y universal de la red.

Por ello, y dada la enorme importancia del uso de la internet en la vida cotidiana, la comunicación, las empresas, la educación y la innovación, será necesario abrir -antes de la ratificación del ACTA en el Senado de la República- un amplio debate, incuyente, transparente y democrático sobre el tema y especialmente en redes sociales, ¿Y tu, que crees?

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