Gobierno de Obama demanda ley migratoria de Utah HB497
Univision.com/2011-11-22 – El gobierno federal estadounidense presentó el martes una demanda para impugnar la ley migratoria HB497 de Utah, argumentando que la medida usurpa las facultades federales en este ámbito.
La querella fue presentada por el Departamento de Justicia ante la corte federal de distrito en Salt Lake City, capital del estado.
En la demanda el gobierno también considera que la ley migratoria de Utah podría provocar el hostigamiento y detención de estadounidenses y de visitantes autorizados para permanecer legalmente en Estados Unidos.
«El gobierno federal tiene la autoridad definitiva para aplicar las leyes federales sobre la inmigración, y la Constitución no permite remiendos de políticas locales en la inmigración», explicaron funcionarios del Departamento de Justicia en un comunicado. «Un estado que establece su propia política de inmigración interfiere con el empeño legal del gobierno federal», agregaron.
Negociaciones infructuosas
The Associated Press dijo que la demanda fue presentada después de varios meses de negociaciones entre los abogados del Departamento de Justicia, el representante legal de Utah, Mark Shurtleff, y las autoridades electas del estado.
Los funcionarios federales dijeron que tienen previsto continuar con las conversaciones pese a la medida judicial.
Las autoridades estatales confían todavía en que, pese a la acción federal, la legislación terminará siendo ratificada.
Ally Isom, vocera del gobernador Gary Herbert, dijo que «la legislatura hizo un trabajo diligente en la elaboración de una ley que aprobase un estudio constitucional. Esperamos que los tribunales hagan lo correcto».
La ley migratoria de Utah fue promulgada en marzo. En octubre, horas después que entrara en vigor, un juez federal la dejó fuera de circulación temporalmente.
De qué se trata
Entre otras medidas, la HB497 otorga poderes extraordinarios a las policías para arrestar a indocumentados, pedir papeles de estadía legal a individuos y entregar al servicio de inmigración a extranjeros indocumentados.
El dictamen fue firmado por el juez Clark Waddoups.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de los derechos civiles presentaron una demanda para detener la entrada en vigor de la ley.
Uno de los demandantes, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), argumentó que la HB497 puede derivar en casos de utilización del factor racial para detener a personas pese a que el Secretario de Justicia de Utah, Mark Shurteleff, insiste en que la ley aprobada por el Congreso estatal se apega a la Constitución de Estados Unidos.
La aprobación de la HB497, inspirado en la polémica SB1070 de Arizona, tiene preocupados a miles de inmigrantes en ese estado quienes temen, a pesar de estar suspendida temporalmente, ser arrestados y deportados de Estados Unidos.
Abogados de ACLU reiteraron que la cuestionada ley fue demandada porque es inconstitucional.
El fantasma de Arizona
La ACLU y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes argumentan que la ley HB497 de Utah es muy similar a la ley de Arizona, que también se encuentra judicialmente impugnada en ese estado.
El 28 de junio de 2010 la jueza federal Susan Bolton congeló temporalmente las partes más polémicas de la cuestionada SB1070. Entre ellas, una disposición que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacía ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Bolton declaró en su dictamen que esas partes deben mantenerse en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.
Otro bloqueo impide que policías soliciten la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad si tienen razones para sospechar que un individuo ingresó sin documentos a Estados Unidos.
En su momento, el Departamento de Justicia federal comentó que el fallo de la jueza Bolton era correcto y reiteró que el tema migratorio es un asunto federal y que no compete a los estados adoptar este tipo de medidas.
“Los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en cooperar con el gobierno federal a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero deben hacerlo dentro del marco de nuestra Constitución”, dijo el departamento de Justicia en una declaración.
Un año después de la promulgación de la ley de Arizona el estado de Utah aprobó una medida similar que volvió a encender las alarmas de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
México se congratuló
Poco después que el Departamento de Justicia interpusiera la demanda contra la ley migratoria de Utah, el gobierno de México expresó su “beneplácito” por la medida adoptada por su par estadounidense.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expreso su deseo de que las cortes declaren inconstitucional la medida aprobada por la Asamblea de Utah y promulgada por Herbert.
“Esta decisión se suma a acciones ya iniciadas contra esta legislación, incluyendo una demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles el pasado 11 de mayo ante una Corte Federal de Distrito en ese estado, la cual ordenó suspender temporalmente su aplicación”, se lee en el comunicado de la cancillería mexicana.
“La ley HB497 criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales. De entrar en vigor, podría afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad”, agregó.
El gobierno de Obama ha presentado demandas similares contra la ley de Arizona, Alabama y Carolina del Sur, y estudia también demandar a Indiana por una medida similar.
Radiografía de la HB497
El resumen, la ley migratoria HB497 de Utah otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes verifiquen el estado migratorio de los individuos arrestados por la comisión de delitos o si tienen una duda o sospecha razonable que se trata de un inmigrante ilegal.
La autorización también se extiende a los pasajeros de un vehículo cuyo conductor sea detenido por las autoridades por cualquier infracción de tránsito. A los acompañantes también se les puede cuestionar su estado migratorio, se lee en la ley.
Advierte, sin embargo, que los agentes de la policía no pueden considerar la raza, color de piel o nacionalidad de los individuos, pero la ACLU y demás grupos opuestos a la medida indican que la nota no garantiza que se cometan abusos por parte de las autoridades.
La ley también estipula que los inmigrantes presuntamente indocumentados arrestados por las policías locales sean entregados a la agencia federal de inmigración encargada.
Elimina todo beneficio
La HB497 también niega todo tipo de servicio público a los indocumentados, prohíbe el transporte de personas sin estatus legal de permanencia en el país y prohíbe a los propietarios arrendar casas o establecimientos a extranjeros que no tienen residencia legal en Estados Unidos.
También modifica la autoridad de los agentes de policía y los autoriza a arrestar personas si se tiene una causa razonable para creer que el sospechoso se trata de un extranjero sin papeles.
En otra parte de la ley de Utah se lee que los patronos están obligados a inscribirse en el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores.
En cuanto a los documentos de identidad válidos, la ley 497 señala que sólo se aceptarán la licencia de conducir extendida por el estado de Utah o cualquier otro estado y que incluya registro biométrico, la tarjeta de residencia emitida por el servicio de inmigración, una tarjeta válida de inscripción tribal o cualquier otro documento de identidad emitido por el gobierno federal.
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