Circunspecto, sin afanes de protagonismo, Dionisio Pérez Jácome Friscione ha sido un funcionario irreprochablemente eficiente dentro del calderonismo. Por eso llamó poderosamente la atención el tono y el lenguaje que utilizó ayer para sustentar la decisión del gobierno federal de rescatar la banda de 2.5 GHz, concesionada a MVS Multivisión.

“Es como una autopista de altas especificaciones”, ejemplificó el Secretario de Comunicaciones y Transportes federal, “de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento”. Una parábola imperfecta, por decir lo menos.

Como titular de 60 títulos de concesión, MVS tuvo el uso y la explotación de los pares de frecuencia de 2.5 al 27. GHz del espectro radioeléctrico, ofreciendo servicios de audio y televisión restringida, transporte de señales de voz y transmisión bidireccional de datos.

Entre el 2005 y el 2009 venció la vigencia de 20 de esos 60 títulos y la empresa de la familia Vargas solicitó en reiteradas ocasiones a la SCT y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que dichas concesiones fueran prorrogadas. El resto de las concesiones vencen, en su mayoría, entre el 2018 y el 2020.

A finales del sexenio del expresidente Vicente Fox comenzó la batalla de MVS para reconvertir el uso de esas concesiones, para migrar de la prestación de servicios de televisión restringida hacia servicios de acceso a Internet de banda ancha.

Y no sólo eso, sino que solicitó que se le otorgarán concesiones para la explotación de entre 120 y 1990 MHz, en la banda 25, por un plazo de hasta 20 años, para desarrollar una red inalámbrica 4G, una banda ancha móvil con cobertura en todo el país.

Hace dos años, MVS formuló a la Comisión Federal de Competencia una consulta sobre este proyecto, que consistía en la construcción de una red inalámbrica de banda ancha con tecnología WiMax móvil y que, para efectos prácticos, implicaba una modificación de su plan de negocios y una necesaria sociedad con nuevos inversionistas.

En ese momento, se habló de un “consorcio concesionario” en el que participarían Alestra, Intel y Clearwire, y no se trataba de otra cosa más que de competir con el resto de los operadores de telefonía fija y móvil, incluyendo por supuesto a Telmex y Telcel, de Carlos Slim, con servicios y planes tarifarios enfocados a los usuarios de los niveles socioeconómicos más bajos.

Y enfocarse a la prestación de servicios de acceso a Internet de banda ancha en cualquiera de sus tres modalidades: fijo, “nómada” o móvil.

La ventaja de asignar la banda 2.5 para el desarrollo de redes de banda ancha móvil en México radica en que esa misma banda ya se asignó en Estados Unidos y Canadá para ese mismo fin, por lo que podrían existir acuerdos de roaming con los operadores de dichos países, además de que las economías de escala generadas en esas naciones para la producción de equipos haría posible tener acceso a aparatos de menor costo.

El problema estuvo lo que MVS ofreció por el uso de la banda 2.5, pues propuso pagar bajo un esquema similar al aplicado por el pago de la banda 3.5 en 1998 y que no fue otro más que el valor de la contraprestación, más un premio de alrededor de 25%, en reconocimiento de las diferencias de propagación y penetración.

Y fue problema porque es facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda -entonces encabezada por Ernesto Cordero- establecer la metodología y el cálculo del monto.

En vez de acceder a la petición, el gobierno federal ya no quiso refrendar las concesiones de la familia Vargas, así como la modificación del uso y cobertura geográfica. Y ahora ha decidido retirárselas.

La decisión, argumentó el secretario Dionisio Pérez Jácome Friscione, obedeció al uso ineficiente que los concesionarios estaban dando a la banda 2.5, misma que estaba -de acuerdo con el criterio de la autoridad- “considerablemente subutilizada”, pues solamente brindaban los servicios de televisión y audio restringidos a poco más de 200,000 suscriptores.

“Actualmente son muchos más los servicios que pueden prestarse, servicios de cuarta generación que incluyen, de manera relevante, servicios de banda ancha móvil”, sostuvo, “ello implica también cambios en el valor de mercado de estas frecuencias.

Pero, sobre todo, implica la posibilidad de llevar más servicios a la población de todo el país, en mejores condiciones de alcance, calidad y precio. Y es precisamente este valor social el que el Estado ha privilegiado al aplicar la política de telecomunicaciones durante el gobierno actual”.

Pérez Jácome Friscione tuvo el cuidado de establecer que iniciaba el procedimiento de rescate.

Ante el anuncio del rescate de la banda 2.5, los directivos de Grupo MVS, bajo la batuta de Joaquín Vargas, han decidido guardar prudente silencio. Y apostarle a una batalla jurídica que se antoja larga, ominosa…

CREDITO: Texto de Alberto Aguirre M. Publicado en El Economista, video de YouTube

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