El Mundial de la Ley de Herodes en México
En México estamos a punto de vivir algo curioso.
Un Mundial de Fútbol organizado en nuestro propio país.
Pero también podríamos estar presenciando algo más.
El Mundial de la Ley de Herodes.
Porque mientras millones de mexicanos sueñan con disfrutar la Copa del Mundo de 2026, algunas disposiciones parecen construidas bajo aquella vieja lógica inmortalizada por la película mexicana: «o te chingas o te jodes».
La pregunta es sencilla.
¿Por qué el gobierno está dispuesto a perseguir y sancionar a pequeños comerciantes, restaurantes, fondas, bares, hoteles, salones de eventos o negocios que quieran proyectar partidos del Mundial?
Y, al mismo tiempo, nadie parece tener prisa por proteger al consumidor mexicano de los abusos en los precios de boletos, hospedaje, vuelos o servicios turísticos.
Ahí es donde comienza la contradicción.
Nos dicen que proyectar un partido en determinados espacios públicos podría constituir una violación a los derechos comerciales del evento.
Que existen reglas.
Que existen licencias.
Que existen restricciones.
Perfecto.
Pero entonces también debería existir el mismo entusiasmo para impedir que un boleto se venda a precios imposibles para la mayoría de los mexicanos.
También debería existir la misma energía para evitar que un hotel multiplique varias veces sus tarifas durante las semanas mundialistas.
También debería existir la misma preocupación por proteger a quienes terminarán pagando la fiesta.
Porque el ciudadano común no tiene departamentos jurídicos.
No tiene despachos de abogados.
No tiene equipos de relaciones públicas.
Solamente tiene su cartera.
Y esa cartera es la que siempre termina absorbiendo los costos.
Lo más extraño es que algunas medidas podrían tener sentido en las ciudades sede.
Ciudad de México.
Guadalajara.
Monterrey.
Ahí habrá estadios.
Ahí habrá partidos.
Ahí habrá zonas comerciales oficiales.
Ahí habrá una operación internacional gigantesca.
Pero cuando las restricciones pretenden extenderse a miles de municipios donde no habrá un solo partido, ni un solo estadio mundialista, ni una sola actividad oficial relacionada con la FIFA, las preguntas se vuelven inevitables.
¿Qué acto de lucro está afectando realmente a la organización si una cafetería de Ensenada, un restaurante de Mérida o una lonchería de Zacatecas transmiten un partido para sus clientes?
¿Qué daño económico se genera?
¿Qué interés se está protegiendo?
¿Y quién está detrás de estas medidas?
¿La FIFA?
¿Los propietarios de derechos de transmisión?
¿O las propias autoridades mexicanas que aceptaron las condiciones sin cuestionarlas?
Porque aquí hay otro tema incómodo.
El Mundial se juega en México.
No es un evento extranjero transmitido desde otro continente.
México es país anfitrión.
Los mexicanos financian infraestructura.
Los mexicanos absorben costos de seguridad.
Los mexicanos aportan servicios públicos.
Los mexicanos pagan impuestos.
Entonces resulta legítimo preguntarse si algunas restricciones terminan privando a la propia población de disfrutar un evento que se realiza en su territorio.
Más aún cuando el acceso a las transmisiones premium tampoco es gratuito.
Muchas familias deberán contratar plataformas de pago para seguir todos los partidos.
Y para millones de personas, pagar varios cientos de pesos adicionales representa una decisión económica importante.
La pregunta de fondo no es jurídica.
Es moral y política.
¿Para quién se organiza realmente el Mundial?
¿Para los aficionados?
¿Para los ciudadanos?
¿O para un modelo de negocios donde cada espacio de convivencia debe convertirse en una oportunidad de cobro?
La historia del fútbol siempre estuvo ligada a las plazas, a los mercados, a los restaurantes, a las reuniones familiares, a los parques y a los barrios.
El fútbol nació como una celebración colectiva.
No como un privilegio reservado para quien pueda pagar cada licencia, cada plataforma y cada acceso.
Quizá por eso muchos mexicanos observan con desconfianza ciertas decisiones.
Porque parecen castigar la convivencia popular mientras se toleran aumentos de precios que sí afectan directamente a millones de personas.
Y cuando las reglas protegen más a los negocios que a los ciudadanos, inevitablemente surge la sospecha.
No de que estemos organizando un Mundial.
Sino de que estamos organizando el Mundial de la Ley de Herodes.
Donde la pregunta ya no es quién gana el campeonato.
Sino quién termina pagando la cuenta.
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