¿Justicia o cortina de humo? El caso Ruffo en medio de la crisis de Morena
¿Justicia o cortina de humo? El caso Ruffo en medio de la crisis de Morena. En Baja California la política no da tregua.
Mientras la gobernadora Marina del Pilar Ávila enfrenta una crisis provocada por audios en los que reconoce haber conversado con supuestos contactos estadounidenses sobre temas de seguridad y la recuperación de su visa, la Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel. La gobernadora sostiene que fue víctima de una trampa atribuida al exmandatario Jaime Bonilla; el entorno de Bonilla rechaza esa versión.
La coincidencia política resulta imposible de ignorar.
Ruffo fue detenido por una investigación relacionada con presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. El caso se vincula con la empresa Ingemar y con el decomiso de más de quince millones de litros de combustible y decenas de camiones cisterna. Él ha reconocido tener participación empresarial, pero ha negado intervenir en operaciones ilícitas y sostiene que la empresa realizaba trámites aduanales.
La investigación debe continuar.
La Fiscalía tiene la obligación de presentar pruebas, demostrar la participación personal del acusado y permitir que un juez determine responsabilidades. Ruffo no puede recibir impunidad por su historia política, por pertenecer al PAN ni por haber gobernado Baja California.
Pero tampoco puede ser declarado culpable por anticipado.
Una fotografía con los ojos cubiertos, un comunicado institucional y una orden de aprehensión no sustituyen un juicio. La propia FGR reconoce que se le presume inocente mientras no exista una sentencia. Ésa no es una concesión política: es un principio constitucional.
El problema es el contexto.
La detención ocurrió cuando el gobierno estatal de Morena atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los audios atribuidos a Marina del Pilar abrieron preguntas sobre su relación con supuestos representantes de agencias estadounidenses, el manejo de información de seguridad y la confrontación interna con Jaime Bonilla, quien también llegó al gobierno bajo las siglas de Morena y hoy encabeza al Partido del Trabajo en Baja California.
Y justo entonces aparece Ruffo esposado en la conversación nacional.
¿Es una investigación legítima que finalmente produjo resultados?
¿Es una operación política diseñada para cambiar el tema?
¿O ambas cosas están ocurriendo simultáneamente?
No tenemos elementos suficientes para afirmar que la Fiscalía recibió la orden de detenerlo para proteger a la gobernadora. Decirlo como un hecho sería irresponsable.
Pero también sería ingenuo negar que la detención ofrece al oficialismo una magnífica cortina de humo.
Mientras unas horas antes se hablaba de Marina del Pilar, de sus audios y de sus contactos en Estados Unidos, ahora las cámaras se concentran en el rostro de Ernesto Ruffo. Ésta es una lectura política derivada de la secuencia de acontecimientos, no una conclusión judicial.
Y no se trata de cualquier exgobernador.
Ernesto Ruffo Appel ganó Baja California en 1989 y se convirtió en el primer gobernador de oposición reconocido después de décadas de dominio del PRI. Su triunfo representó un momento fundamental para la transición democrática mexicana.
Por eso su detención tiene una dimensión que va más allá del expediente penal.
Afecta la reputación de una figura histórica.
Golpea a uno de los símbolos de la alternancia.
Y permite que la narrativa oficial transforme al primer gobernador opositor de la democracia moderna en el rostro de una presunta red de huachicol fiscal, incluso antes de que se conozcan y confronten públicamente todas las pruebas.
Si Ruffo participó en un delito, que responda.
Que no lo protejan su apellido, su partido ni su trayectoria.
Pero si la acusación no puede demostrar su intervención personal, el daño a su nombre será difícil de reparar. Porque en México la exhibición pública suele llegar primero y la justicia, cuando llega, aparece mucho después.
La Fiscalía debe aclarar algo esencial:
¿Qué hizo exactamente Ernesto Ruffo?
No solamente qué hizo la empresa.
No solamente qué mercancía fue decomisada.
No solamente quiénes eran sus socios.
¿Qué ordenó, qué autorizó, qué conocía y qué beneficio obtuvo personalmente?
La responsabilidad penal no puede transmitirse automáticamente por asociación, por participación accionaria ni por conveniencia política. Debe probarse conducta por conducta.
También debe investigarse a todos.
A los panistas y a los morenistas.
A los empresarios y a los funcionarios.
A los exgobernadores y a quienes todavía gobiernan.
No puede existir una Fiscalía implacable con la oposición y prudente con el poder. Tampoco una oposición que exija investigar a Morena, pero reclame libertad automática para uno de los suyos.
La vara debe ser exactamente la misma.
Este caso no se resolverá defendiendo ciegamente a Ruffo ni condenándolo desde las redes sociales.
Se resolverá con pruebas, debido proceso, transparencia y una investigación que no se detenga en los adversarios del gobierno.
Porque una democracia no se fortalece destruyendo reputaciones mediante filtraciones, fotografías y acusaciones anticipadas.
Se fortalece demostrando los delitos ante los tribunales.
Y mientras Marina del Pilar intenta explicar sus audios, Jaime Bonilla lanza acusaciones contra su antiguo partido y Ernesto Ruffo enfrenta a la Fiscalía, Baja California merece saber si estamos observando un auténtico combate contra la corrupción… o una guerra política en la que la justicia también está siendo utilizada como arma.
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