Propuesta: Código de Ética Público y Vinculante para Políticos

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Toda persona que aspire a un cargo de elección popular o sea designada como funcionaria debería publicar, antes de asumir responsabilidades, un Código Personal de Ética y Conducta Pública.
No un documento genérico redactado por el partido, sino un compromiso firmado, claro y verificable, donde establezca qué conductas considera inaceptables y qué consecuencias asumirá si las incumple.
Ese código debería incluir, como mínimo:
Declaración de bienes, intereses y posibles conflictos.
Compromiso de no contratar familiares, amigos o empresas vinculadas.
Prohibición de utilizar recursos públicos para promoción personal o partidista.
Obligación de informar reuniones con empresarios, contratistas, cabilderos y grupos de interés.
Compromiso de no mentir deliberadamente en declaraciones públicas.
Respeto a la libertad de expresión, al periodismo y a la crítica ciudadana.
Rechazo a la violencia política, la discriminación y el uso de campañas de odio.
Obligación de explicar públicamente sus votos, decisiones y ausencias.
Compromiso de separarse temporalmente del cargo cuando exista una investigación seria por corrupción.
Renuncia expresa en caso de comprobarse enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, nepotismo o abuso de poder.
El documento tendría que publicarse en una plataforma oficial, permanecer disponible durante todo el mandato y actualizarse cada año. La ciudadanía podría comparar lo prometido con la conducta real del servidor público.
Además, cada informe de gobierno debería incluir un apartado llamado “Cumplimiento del Código de Ética”, con evidencias, observaciones ciudadanas y posibles incumplimientos.
Porque la ética no puede quedarse en discursos, fotografías o frases de campaña. Debe convertirse en un compromiso público que pueda revisarse, reclamarse y exigirse.
Quien pide el voto debe decir también cuáles son sus límites. Y quien gobierna debe explicar qué está dispuesto a perder cuando traiciona su palabra.
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