Rocha volvió al gobierno, las acusaciones no se fueron
Rocha volvió al gobierno, las acusaciones no se fueron…Rubén Rocha Moya volvió hoy a sentarse en la silla de gobernador de Sinaloa.
Después de 112 días de licencia, regresó al Palacio de Gobierno diciendo que vuelve con la frente en alto y sosteniendo, como lo ha hecho desde el principio, que las acusaciones en su contra carecen de sustento.
Pero hay algo que no regresó con él.
Porque nunca se fue.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue ahí.
Y eso convierte su retorno en mucho más que una anécdota política.
Rubén Rocha Moya es el paradigma de la impunidad morenista en México. Tiene una orden de aprehensión con fines de extradición emitida en los EEUU donde el Departamento de Justicia lo señala por delitos de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa; incluso quien fuera su…
— Adela Navarro Bello (@adelanavarro) August 21, 2026
El 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
No estamos hablando de una columna periodística.
No estamos hablando de un mensaje anónimo en redes sociales.
No estamos hablando de una declaración de la oposición.
Estamos hablando de una acusación penal presentada ante una corte federal estadounidense.
A Rocha se le acusa de conspiración para importar narcóticos y de delitos relacionados con armas. Los fiscales estadounidenses sostienen, entre otras cosas, que funcionarios sinaloenses habrían brindado protección a la facción de Los Chapitos a cambio de dinero y respaldo político.
Son acusaciones.
No sentencias.
Y Rocha Moya conserva, por supuesto, su presunción de inocencia.
Pero precisamente porque son acusaciones tan graves, el regreso no puede resolverse políticamente con un simple:
“No encontraron nada, aquí seguimos”.
Porque tampoco es exactamente eso lo que ocurrió.
Cuando Estados Unidos pidió la detención provisional de Rocha y de otros mexicanos con fines de extradición, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió que los documentos enviados no contenían elementos suficientes para justificar la urgencia de esa detención.
La propia Presidenta explicó que México pidió más evidencias y que la Fiscalía General de la República abrió su propia investigación.
Eso es completamente legítimo.
México tiene leyes.
México tiene procedimientos.
Y ningún gobierno extranjero puede ordenar directamente que en nuestro territorio se detenga a una persona saltándose nuestro sistema jurídico.
Hasta ahí, bien.
Pero una cosa es defender el debido proceso.
Y otra muy distinta sería convertir la exigencia de pruebas en una absolución política anticipada.
Porque la acusación estadounidense continúa abierta.
Rocha no ha sido declarado inocente por el tribunal que lo acusa.
Y tampoco conocemos públicamente una resolución judicial mexicana que haya analizado toda la evidencia estadounidense y concluido definitivamente que los hechos nunca ocurrieron.
Hay una enorme diferencia entre:
“todavía no existen elementos suficientes para detenerlo en México”
y
“todo fue falso”.
No significan lo mismo.
Y entonces aparece el exsecretario de Seguridad
Aquí las cosas se vuelven todavía más incómodas.
Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Rocha.
Estados Unidos lo acusa dentro del mismo expediente.
Según los fiscales estadounidenses, habría recibido sobornos mensuales a cambio de proporcionar información y facilitar operaciones relacionadas con Los Chapitos.
Mérida hizo algo que inevitablemente llama la atención:
se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos.
Estuvo detenido.
Su proceso continúa.
Y hace unos días abandonó la prisión federal.
Existen reportes de negociaciones entre su defensa y la Fiscalía estadounidense, además de versiones de que podría convertirse en colaborador.
Eso último todavía debe manejarse con cautela porque su condición exacta no ha sido confirmada públicamente por el Departamento de Justicia.
Pero el simple hecho de que uno de los hombres que estuvo encargado de la seguridad de Sinaloa esté enfrentando ese proceso en Nueva York debería provocar muchas preguntas.
Por ejemplo:
¿Qué sabe Gerardo Mérida?
¿Qué ha declarado?
¿Qué documentos existen?
¿Qué información poseen los fiscales estadounidenses?
¿Y qué parte de todo ello conoce ya la Fiscalía mexicana?
Porque si algún día Mérida decide colaborar formalmente, el asunto podría cambiar radicalmente.
Y entonces ya no hablaríamos solamente de documentos enviados desde Washington.
Hablaríamos de alguien que estuvo dentro del aparato de seguridad del gobierno de Sinaloa.
La Presidencia tampoco debería convertirse en defensa particular
Claudia Sheinbaum tiene razón en una cosa fundamental:
México no puede detener personas simplemente porque otro país lo solicite.
Se requieren pruebas.
Procedimientos.
Jueces.
Debido proceso.
Eso debe defenderse siempre.
También cuando el acusado pertenece a Morena.
También cuando pertenece al PAN.
También cuando pertenece al PRI.
También cuando no pertenece a ningún partido.
Pero la Presidencia tiene que cuidar otra frontera:
defender la soberanía mexicana no significa defender políticamente a cada funcionario acusado.
No es lo mismo.
La posición presidencial debería ser sencilla:
“Si hay pruebas, investigaremos. Si no las hay, no procederemos. Y si las autoridades mexicanas encuentran delitos, actuaremos”.
Punto.
Ni persecución anticipada.
Ni absolución anticipada.
Porque el gobierno no es abogado defensor de sus gobernadores.
La pregunta sobre la impunidad
Adela Navarro utiliza una palabra muy fuerte:
impunidad.
¿Podemos afirmar hoy que Rocha Moya es culpable?
No.
Eso sería irresponsable.
¿Podemos afirmar que está jurídicamente exonerado de las acusaciones estadounidenses?
Tampoco.
Y ahí está precisamente el problema político.
Un gobernador acusado formalmente en Estados Unidos de conspirar con una organización narcotraficante acaba de regresar al ejercicio del poder mientras el expediente que lo acusa continúa abierto.
Eso es un hecho.
Y es extraordinario.
En cualquier democracia, semejante situación debería provocar una discusión nacional.
No únicamente sobre Rocha.
Sobre nuestras instituciones.
¿Puede gobernar con normalidad alguien sometido a una acusación internacional de semejante gravedad?
¿Puede ejercer autoridad sobre corporaciones de seguridad que forman parte de una investigación que también alcanza a antiguos integrantes de su propio gobierno?
¿Puede garantizarse que ninguna investigación mexicana será afectada por su retorno al poder?
¿Quién vigila eso?
Y Sinaloa tiene otro fantasma
Como si el escenario no fuera suficientemente complicado, ayer la FGR detuvo a Fausto Corrales Rodríguez, personaje vinculado con uno de los episodios más oscuros de la crisis sinaloense: el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén.
La investigación federal sostiene que existen irregularidades graves alrededor de la primera versión oficial del asesinato de Cuén, que había sido manejada originalmente por autoridades sinaloenses.
Y la detención de Corrales vuelve a abrir interrogantes sobre lo ocurrido aquel 25 de julio de 2024.
Así que Rocha regresa precisamente cuando el rompecabezas vuelve a moverse.
No cuando está cerrado.
Que vuelva al gobierno no significa que vuelva la normalidad
Rocha Moya tiene derecho a defenderse.
Tiene derecho a exigir pruebas.
Tiene derecho a la presunción de inocencia.
Y México tiene derecho a exigir que Estados Unidos cumpla los procedimientos establecidos en el tratado de extradición.
Todo eso es correcto.
Pero los ciudadanos también tenemos derechos.
Tenemos derecho a preguntar.
A conocer la investigación.
A saber qué encontraron las autoridades mexicanas.
A saber qué información entregó Estados Unidos.
A conocer, llegado el momento procesal correspondiente, qué dicen quienes estuvieron dentro del propio gobierno sinaloense.
Y sobre todo tenemos derecho a que la protección del debido proceso no termine convertida en protección política.
Porque una cosa es que no haya elementos suficientes para detener hoy a un gobernador.
Y otra muy diferente es comportarnos como si nunca hubiera existido una acusación.
Hoy Rubén Rocha Moya volvió al Palacio de Gobierno.
Volvió su gabinete.
Volvió su agenda.
Volvió su fotografía institucional.
Pero hay algo que no desapareció durante esos 112 días.
Una acusación federal estadounidense por narcotráfico sigue llevando su nombre.
Y mientras esa acusación permanezca abierta, la pregunta seguirá ahí:
¿Rocha regresó porque quedó aclarado todo… o simplemente porque políticamente decidieron que ya podía regresar?
Son dos cosas completamente distintas.
Y Sinaloa merece saber cuál de las dos ocurrió.
Temas: acusaciones, corrido político, expediente abierto, justicia, ruben rocha moya, Sinaloa
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