Transporte Violeta, las cuentas no se aclaran con pintura en Baja California
Una mujer que aborda un transporte público merece llegar segura a casa. También merece saber quién opera la unidad, quién supervisa el servicio y a quién le paga el gobierno. La seguridad comienza mucho antes de subir al camión: empieza cuando una autoridad decide en qué manos coloca un programa y sus recursos.
Por eso, los señalamientos sobre Transporte Violeta en Baja California exigen una explicación documentada del gobierno de Marina del Pilar. Las buenas intenciones de un programa social no sustituyen la revisión de sus proveedores.
La periodista Dianeth Pérez Arreola publicó en Semanario El Pionero que el Instituto de Movilidad Sustentable contrató a Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio para arrendar y operar cinco camiones en Rosarito. Según su investigación, el contrato CT-026-2023 tuvo vigencia del 15 de junio al 31 de diciembre de 2023, mediante adjudicación directa, con un monto máximo de 6 millones 885 mil 201.96 pesos.
La publicación identifica una respuesta de transparencia como origen de la documentación.
La misma investigación identifica a esa empresa como incluida en el listado de sanciones estadounidense y vinculada con Candelario Arcega Aguirre. Por separado, el Departamento del Tesoro confirmó el 18 de septiembre de 2025 las sanciones contra Arcega y la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quienes atribuyó colaboración con una red de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa. Son señalamientos de esa autoridad, no una sentencia penal mexicana.
La cronología importa. El contrato antecede a las sanciones. Por tanto, sería incorrecto afirmar, con estos elementos, que en 2023 el gobierno contrató a una empresa que ya estaba sancionada. Tampoco el monto autorizado demuestra que todo ese dinero se entregó o terminó financiando actividades criminales.
Pero esa precisión abre preguntas que el gobierno tiene que responder.
¿Qué antecedentes revisó antes de contratar? ¿Cómo justificó la adjudicación directa? ¿Cuánto pagó efectivamente? ¿Quién verificó recorridos, unidades, placas y seguros? ¿Hubo renovaciones? ¿Qué revisión emprendió después de conocerse las sanciones?
Las respuestas deben venir acompañadas de contratos, facturas, bitácoras, dictámenes y comprobantes. La confianza pública necesita documentos; las sonrisas institucionales ya tienen suficiente presupuesto.
También circulan denuncias sobre permisos irregulares, vehículos sin autorización y presuntas maniobras para formalizar operaciones. Cada señalamiento requiere pruebas propias. La existencia de miles de permisos no demuestra que todos sean ilegales; una relación comercial tampoco acredita automáticamente complicidad criminal.
Precisamente por la gravedad del asunto, hace falta investigar con rigor. Mezclar hechos comprobables con acusaciones sin respaldo facilita que la autoridad descalifique el conjunto y evite explicar lo que sí está documentado.
La responsabilidad política del gobierno consiste en rendir cuentas sobre sus decisiones. Las autoridades investigadoras deben determinar si hubo irregularidades administrativas o delitos, y quiénes serían responsables. Ninguna de esas tareas se resuelve acusando a los críticos de tener intereses políticos.
Y hasta ahora, solamente hay referencia al 5to municipio, falta revisar cómo está el tema en los otros 6 municipios de Baja California.
Transporte Violeta tiene una finalidad social que merece protección. Sus usuarias necesitan continuidad, seguridad y operadores confiables. Cualquier revisión debe preservar el servicio mientras esclarece el manejo de los recursos.
Porque un programa para cuidar a las mujeres exige cuidar también cada contrato y cada peso.
Pintar los camiones de violeta puede identificar una ruta. Para transparentar el dinero hacen falta cuentas claras.
NO SE PIERDAN LA INVESTIGACIÓN COMPLETA.
¡ESCÁNDALO EN BAJA CALIFORNIA! INVESTIGACIÓN SEÑALA QUE DINERO PÚBLICO, PERMISOS DE TRANSPORTE Y EMPRESAS VINCULADAS AL NARCO TERMINARON EN UNA MISMA RED BAJO EL GOBIERNO DE MARINA DEL PILAR.
El crimen organizado se ha infiltrado en el transporte público. Morelos ya enfrenta las consecuencias y Baja California está ante un riesgo que no puede ignorarse.
Una investigación señala una red de permisos irregulares, empresas relacionadas con personas sancionadas por Estados Unidos, presuntas operaciones de lavado de dinero, seguros falsos y recursos públicos que habrían terminado beneficiando a estructuras vinculadas con organizaciones criminales.
Lo más grave es que las autoridades encargadas de vigilar el transporte estarían permitiendo que esas operaciones continúen.
LOS 5,000 PERMISOS HEREDADOS DE JAIME BONILLA
Durante el gobierno de Jaime Bonilla se otorgaron aproximadamente 5,000 permisos de taxi señalados por irregularidades.
La investigación sostiene que el gobierno de Baja California habría permitido transformar esos permisos en una gigantesca operación de transporte público, bajo la figura de una asociación civil, presuntamente sin pagar impuestos, placas, derechos ni cumplir con las concesiones correspondientes.
Se denuncia la incorporación de cientos de vehículos Mercedes-Benz y JAC sin permisos ni concesiones.
El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), organismo estatal responsable de regular el transporte, estaría preparando un mecanismo para dar formalidad a esas operaciones, aun cuando, según la investigación, se estarían violando disposiciones legales.
¿Quién autorizó que una red de transporte irregular alcanzara semejante tamaño?
CANDELARIO ARCEGA, ARACELI BROWN Y LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS
El 18 de septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó a Candelario Arcega Aguirre, conocido como «El Cande», y a su empresa Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio.
También sancionó a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito y diputada federal de Morena.
Las autoridades estadounidenses los relacionaron con una estructura vinculada a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, que ejercía influencia sobre el gobierno municipal de Rosarito.
La investigación recibida también recoge señalamientos atribuidos a la Fiscalía General de la República que identificarían a Arcega como presunto operador del CJNG en Baja California.
Esta última relación es distinta de la documentada públicamente por OFAC y requiere examinarse por separado.
También se señala a Arcega como presunto financiador de campañas y administraciones municipales en Rosarito, incluida la de Araceli Brown.
La investigación menciona una estructura denominada «Boardwalk Empire», a la que atribuye operaciones relacionadas con el flujo de fentanilo y el tráfico de migrantes procedentes de China y Medio Oriente hacia Estados Unidos.
CASI 7 MILLONES DE PESOS PARA TRANSPORTE SEGURO DE MUJERES
Aquí aparece uno de los señalamientos más delicados.
La investigación sostiene que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda habría otorgado casi 7 millones de pesos a una empresa identificada como Transportes V Municipio, vinculada con Candelario Arcega, para servicios de transporte seguro para mujeres.
El señalamiento no se limita a una contratación cuestionada: la investigación denuncia que esos recursos públicos habrían terminado beneficiando a células relacionadas con el crimen organizado.
Un programa destinado a proteger a las mujeres no puede convertirse en un mecanismo para financiar empresas vinculadas con estructuras criminales.
¿Quién autorizó esos recursos? ¿Qué funcionarios revisaron a los beneficiarios? ¿Quién verificó los contratos, las unidades utilizadas y el destino del dinero?
— José Díaz (@JJDiazMachuca) October 17, 2026
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