Los sectores productivos y el factor improductivo | #DesdeFeelingMx | Por Max Adame
Los sectores productivos y el factor improductivo | #DesdeFeelingMx | Por Max Adame
En México, el gobierno quiere saber cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto facturas y hasta por qué te depositaron. La curiosidad fiscal es admirable. Ojalá encontráramos el mismo entusiasmo cuando preguntamos qué hicieron con nuestro dinero.
Para cobrar, precisión de relojero. Para explicar el gasto, neblina de carretera.
El trabajador cumple su jornada; el comerciante abre la cortina; el agricultor arriesga la cosecha; el empresario paga salarios. Todos enfrentan costos, obligaciones y consecuencias cuando sus cuentas fallan.
Por eso resulta ofensivo que el poder convierta la rendición de cuentas en un espectáculo de explicaciones interminables y responsabilidades que nunca terminan de encontrar dueño.
El factor improductivo es esa estructura política y administrativa que consume recursos sin entregar resultados suficientes, dificulta la vigilancia y pretende cobrar también nuestro agradecimiento.
Y hay hechos para sostener la crítica.
En septiembre de 2024, el propio gobierno de López Obrador informó que, de los 9 mil 500 millones de pesos observados en Segalmex por las cuentas públicas de 2019 y 2020, había aclarado 4 mil 700 millones; otros 2 mil 100 millones seguían en análisis y 2 mil 700 millones no habían sido aclarados. La Procuraduría Fiscal reportó 156 denuncias que comprendían ese último monto, identificado oficialmente como daño patrimonial. Ese era el balance presentado entonces, no una cifra inventada por la oposición.
La dependencia creada para contribuir a la seguridad alimentaria terminó protagonizando un escándalo por el dinero destinado a esa tarea.
El hambre tenía presupuesto. La honradez necesitaba supervisión.
También hay opacidad documentada. El Instituto Mexicano para la Competitividad encontró que, en 2022, más de 13 mil adjudicaciones directas federales carecían del documento del contrato a disposición del público. Además, poco más de dos mil licitaciones tenían documentación incompleta.
Al contribuyente le piden conservar comprobantes. A las instituciones debemos exigirles publicar contratos completos, proveedores, precios, entregables y modificaciones. Sin esos documentos, vigilar el presupuesto se vuelve una carrera con los ojos vendados.
Una adjudicación directa puede tener justificación legal. Su utilización tampoco demuestra, por sí sola, corrupción. Pero reducir la competencia y dificultar el acceso a los expedientes abre espacios que requieren mayor vigilancia, precisamente porque se está gastando dinero ajeno.
La resistencia a transparentar llegó hasta la Suprema Corte. En 2023, el tribunal invalidó el acuerdo presidencial de noviembre de 2021 que declaraba de interés público y seguridad nacional diversos proyectos y obras gubernamentales, a partir de una controversia promovida por el entonces INAI.
La seguridad nacional merece protección. Usarla como paraguas administrativo exige escrutinio: los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo se comprometen nuestros recursos.
Después vino otro cambio de fondo. En marzo de 2025, con la extinción del INAI, las funciones de acceso a la información correspondientes al ámbito federal pasaron al nuevo esquema de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Mi objeción es institucional: cuando la vigilancia de las respuestas del Ejecutivo queda dentro de su propia estructura, la independencia merece una discusión seria. Cambiar el nombre de una oficina no demuestra que el ciudadano tenga mejores herramientas para fiscalizarla.
La confianza presidencial nunca puede sustituir la comprobación documental.
López Obrador debe ser evaluado por lo que ocurrió durante su administración. Claudia Sheinbaum debe responder por sus decisiones y por la actuación de su gobierno. La continuidad política también obliga a explicar qué controles se corrigieron y qué prácticas permanecen.
Anunciar investigaciones es apenas el comienzo. Necesitamos conocer su avance, los recursos recuperados y las responsabilidades determinadas. Una observación de auditoría requiere aclaración; una acusación necesita pruebas; una responsabilidad penal exige resolución judicial. Esa precisión fortalece la denuncia.
Tampoco acepto que se culpe del desperdicio a una maestra, una enfermera, un pensionado o un joven que necesita capacitación. El escrutinio debe alcanzar a quienes diseñan, contratan, autorizan, supervisan y ejercen el presupuesto.
México necesita servicios públicos capaces y apoyos bien administrados. Para financiarlos, necesita combatir el desvío, el gasto inútil y la opacidad con algo más contundente que una consigna.
Los sectores productivos sostienen al Estado. Quienes lo administran tienen la obligación de demostrar que merecen cada peso que cuesta su trabajo.
Porque el presupuesto sale de nuestro esfuerzo.
Y el gobierno ya debe dejar de tratarnos como contribuyentes al cobrar y como intrusos al preguntar.
Temas: corrupción, fiscalización, impuestos, presupuesto, productividad, transparencia
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