(El País) La industria de Internet y la de contenidos audiovisuales mantienen una batalla desde hace tiempo. Después del apagón del miércoles de algunos importantes sitios web en Estados Unidos contra dos proyectos de ley antipiratería, ayer el FBI intervino Megaupload, una de las más importantes páginas web de intercambio de archivos del mundo en una operación contra la piratería en Internet. La protesta digital ha provocado que algunos legisladores se hayan decantado por repensar o posponer su aprobación para conseguir un mayor respaldo. Sin embargo, el promotor de la norma que se discute en la Cámara de Representantes, la ley para parar la piratería en la Red (SOPA) -el Senado tiene un proyecto paralelo para proteger la propiedad intelectual (PIPA)-, ha endurecido su postura después de que la pasada semana propusiera congelar su votación en busca de un mayor consenso.

Es indudable que la piratería de contenidos ha de ser perseguida. El gran problema es la manera de hacerlo. La industria de Internet está alarmada por el alcance de las nuevas medidas que contemplan los legisladores estadounidenses. Particularmente preocupa que quieran proyectar la responsabilidad sobre los contenidos de terceros a quienes los albergan y que, muchas veces, como en el caso de Wikipedia, se nutren de las aportaciones de los internautas, o, en el caso de los buscadores, de algoritmos cuyos resultados pueden llevar, sin saberlo, a páginas que ofrecen de forma gratuita contenido protegido por derechos de autor. Estas industrias consideran que se busca instalar la impunidad en quienes puedan tomar la iniciativa de bloquear sitios sospechosos. Si posteriormente se demuestra que el mismo no vulneraba ninguna ley, el operador que lo hubiera bloqueado no tendría responsabilidad alguna por ello. Para Wikipedia, «esto podría llevar a una censura sin el procedimiento adecuado». Además, dicen los críticos, podría alentar a regímenes autoritarios a fomentar una mayor censura en la Red. Otro punto que preocupa es que las políticas de bloqueo de sitios y dominios den a las autoridades estadounidenses una capacidad de intervención que repercuta más allá de sus fronteras. Muchos registradores domésticos son los custodios de páginas extranjeras. ¿La licitud de las mismas debe fijarla Estados Unidos o el país del propietario?

Asesores de Obama ya han manifestado su preocupación por las consecuencias que estas leyes puedan tener en la libertad de expresión y la innovación por culpa de un miedo paralizante a la infracción, señalando que, si es así, el presidente no la firmará. Hollywood y las discográficas han insistido mucho en la necesidad de combatir a los «ladrones extranjeros». EE UU quiere ser el árbitro mundial de Internet y su convicción de que tiene las recetas para luchar contra la piratería ha hecho que presione a terceros países, como España, para que adopte sus soluciones. Unos remedios, sin embargo, que están en discusión en su propia casa.

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