El tribunal electoral de México decidirá el jueves si acepta o rechaza un pedido del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador para anular la elección presidencial que ganó hace dos meses Enrique Peña Nieto, un proceso legal que tiene en suspenso la transición política.

Observadores esperan que el ente deseche el pedido. Si lo hace ese sería el paso previo para declarar la validez de los comicios del 1 de julio y declarar a Peña como presidente electo.

Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) citaron a una sesión pública a las 17:00 hora local (2200 GMT) para debatir y votar sobre el recurso, en el que el izquierdista denunció un cúmulo irregularidades durante la campaña y el día de los comicios.

López Obrador, quien quedó en segundo lugar a más de 6 puntos porcentuales de Peña, cree que se violó el artículo 41 de la Constitución que garantiza el derecho a elecciones libres en el país, y asegura que se compraron millones de sufragios.

Denunció también gastos excesivos de campaña, desvío de recursos públicos y lavado de dinero por parte de Peña y su Partido Revolucionario Institucional (PRI), que si logra sortear este obstáculo regresaría a la presidencia tras gobernar México casi todo el siglo pasado.

El PRI ha sido acusado de haber encabezado durante siete décadas consecutivas hasta el 2000 presidencias autoritarias y salpicadas de corrupción.

El tribunal tiene hasta el 6 de septiembre para declarar a Peña formalmente presidente electo y la fecha prevista para la asunción del nuevo presidente es el 1 de diciembre.

Hace seis años, López Obrador también desconoció el resultado de las elecciones, que perdió por pocos votos ante el actual mandatario, Felipe Calderón.

A diferencia de entonces, cuando encabezó escandalosas protestas y el bloqueo durante semanas de una avenida clave en la capital denunciando fraude, esta vez López Obrador no ha convocado a movilizaciones callejeras.

En las inmediaciones del tribunal, en el sur de la Ciudad de México, se encontraban manifestantes de organizaciones ciudadanas que simpatizan con la izquierda protestando contra lo que han llamado la «imposición» de Peña.

Policías federales habían montado un cerco para proteger el edificio y garantizar el desarrollo de la sesión.

Los manifestantes han dicho que también realizarán marchas el sábado, cuando inicia funciones el nuevo Congreso.

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